Reproducido desde la página de Trochando sin Fronteras
abril 4, 2024
En medio de la búsqueda de paz total anunciada por el gobierno, el país se enfrenta a un recrudecimiento de la violencia paramilitar y el acoso a las comunidades organizadas particularmente en Arauca. Desde el movimiento político del Centro Oriente, alzamos nuestra voz en un grito de indignación y resistencia contra la impunidad y la estigmatización.
Como la alimentada por el comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, Javier Hernando Africano López, quien en una conversación con un medio de comunicación, al sugerir que algunas de las personas asesinadas en Arauca tienen vínculos con grupos armados organizados, a pesar de la falta de pruebas judiciales que respalden estas afirmaciones. Esta retórica, compartida por militares, medios de comunicación, políticos y paramilitares, contribuye a perpetuar la violencia y la persecución contra el movimiento social.
Estos actos de violencia mediática tienen lugar en medio de la guerra declarada por Antonio Medina contra las organizaciones sociales, que se inició con un ataque con carro bomba contra la sede de las mismas en Saravena. Desde el 2022, el movimiento político ha sido declarado como objetivo militar en la región, siendo estigmatizados como el brazo político del ELN, una acusación infundada que se ha reproducido en medios de comunicación, exacerbando aún más la situación.
El pasado 31 de marzo, Graciel Mendoza, líder social e integrante de la Mesa Municipal de Víctimas de Tame y del movimieto del Centro Oriente, fue secuestrado en una incursión paramilitar. Ejecutada por los frentes 10, 28 y 45 de las disidencias de la FARC que además de tener presencia en Arauca extendien sus operaciones en Casanare y parte de Boyacá y que recrean una nueva forma de paramilitarismo en el país.
En el hecho se reportó el asesinato de otro campesino. En un acto de violencia indiscriminada, también se lanzaron explosivos contra la sede de Coagrosarare, un proyecto de las organizaciones sociales en Arauca. Este incidente se suma a una serie de ataques violentos, incluido el asesinato de Josué Castellano el pasado 5 de marzo, que han sacudido la región y afectado gravemente a la población civil y al movimiento social.
Coincidimos con la afirmación de la viceministra Daniela Gómez Rivas de que los asesinatos de líderes y civiles en Arauca son atroces y deben ser condenados sin ninguna justificación. Instamos al gobierno de Gustavo Petro a pronunciarse en contra de la estigmatización del movimiento político del Centro Oriente y a tomar medidas concretas para desmontar las estructuras paramilitares que no solo afectan a Arauca, sino también a otras regiones del país como El Cauca, San José de Apartadó y el sur de Bolívar.