Caravana Humanitaria por la Vida, la Paz y la Permanencia en el Territorio
Entre el 23 de julio y el 23 de agosto del presente año se llevó a cabo la Caravana Humanitaria por la Vida, la Paz y la Permanencia en el Territorio, a fin de verificar la grave crisis humanitaria generada por la militarización total de las regiones y territorios, a lo que se suma el histórico abandono estatal, en cuanto a políticas sociales se refiere.
A pesar de las declaraciones del presidente Gustavo Petro de buscar proteger la vida de las personas y querer fortalecer los tejidos sociales, en regiones y ciudades de Arauca, Oriente Antioqueño, Sur de Bolívar y Cesar, Chocó, Centro y Norte del Cauca, visitadas por la Caravana, campea la muerte, la amenaza, el desplazamiento y el hambre.
Si bien no es una situación nueva, ni se origina en este gobierno, el año 2024 ha sido de los más difíciles para las regiones mencionadas anteriormente. La injerencia del Comando Sur de los EE.UU. se ha redoblado hacia el país y todo el continente y es uno de los factores centrales en el fortalecimiento de la doctrina contrainsurgente aplicada contra todas las personas y organizaciones que piensan diferente o se colocan en una posición crítica al régimen económico y político dominante. De ahí la rápida expansión de fuerzas paramilitares y neoparamilitares, bandas y empresas de mercenarios que actúan al servicio del modelo extractivista y las inversiones de capital, y que operativamente siguen siendo apoyadas, abierta o subrepticiamente, por la fuerza pública en campos y ciudades.
El Estado, en aplicación de la doctrina contrainsurgente, ha sido creador y promotor desde los años de 1960 del paramilitarismo. Bajo el gobierno del expresidente Alberto Lleras Camargo (1958-1962), con la asesoría del gobierno norteamericano a través del general William Pelham Yarborough, se oficializó la creación de grupos paramilitares. Yarborough direccionó el entrenamiento de personal mixto, civil y militar para “presionar cambios sabidos, necesarios para poner en marcha funciones de contra-agentes y contra-propaganda y, en la medida en que se necesite, impulsar sabotajes y/o actividades terroristas paramilitares contra los partidarios conocidos del comunismo” (McClintock, 1999, p. 222). A partir de esta bendición imperial se institucionalizo el paramilitarismo con los primeros actos administrativos y legislativos que derivaron en varios Decretos de defensa nacional a través de los cuales se legalizo la vinculación de civiles en tareas contrainsurgentes.
La tenaza del terrorismo contrainsurgente legal e ilegal se cerró sobre las organizaciones sociales campesinas, sindicales, estudiantiles, comunales, de mujeres, partidos de centro y de izquierda, organizaciones insurgentes, ambientalistas, abogados defensores de DDHH, un largo etcétera, pues bajo la paranoia anticomunista del régimen y bajo la continua orientación de los EE.UU. todas y todos los ciudadanos fueron sospechosos de apoyar a las guerrillas. Hasta prestigiosos magistrados fueron asesinados bajo la sospecha de colaborar con la insurgencia armada, como en el caso del Palacio de Justicia.
La oscura y tenebrosa estrategia del terrorismo de Estado lleva décadas, y lamentablemente sigue vigente en el gobierno de Gustavo Petro. La Caravana Humanitaria por la Vida, la Paz y la Permanencia en el Territorio constató de forma directa que militares y paramilitares “Aterrorizan a la población, controlando estrictamente la movilidad bajo la amenaza de sanciones o asesinatos. Esto muchas veces produce en la comunidad
dificultades para acceder a la alimentación y a los servicios de salud.” Así mismo, y muchas veces bajo la presencia y complacencia de autoridades civiles y militares, fuerzas paramilitares “intentan y, en muchos casos, consiguen el control de procesos organizativos de las comunidades, se han infiltrado en ellas, ocupando cargos en las estructuras de gobierno, como las Juntas de Acción Comunal. Todo ello con un supuesto contenido social, a través de ONGs de derechos humanos y de desarrollo comunitario, que les sirven como fachada.” De igual forma se constató, por medio de la Audiencia pública realizada en Cali como cierre de la Caravana, el «fortalecimiento del paramilitarismo en las principales ciudades del país con las graves consecuencias que eso tiene para las pobladoras y pobladores por medio del control casi absoluto de sus vidas, a punta de sangre y fuego, causado por los operadores de dicha estrategia».
Por otra parte, INDEPAZ reporta que para este año 2024, a corte del 03 de diciembre, se han producido ¡71 masacres! con 247 víctimas. Igualmente, 161 líderes han sido asesinados.
Hoy existe un ataque directo a varias regiones, como las visitadas por la Caravana, recordando las épocas donde bajo la señalización de “zona roja” se militarizaba, bombardeaba y desplazaba comunidades enteras. Los autores y ejecutores de esta política de «tierra arrasada» son las mismas Fuerzas Armadas en aplicación de la vigente doctrina contrainsurgente. Los paramilitares y bandas de mercenarios son solo los operadores ilegales de la doctrina.
En campos y ciudades, los grupos paramilitares siguen siendo la estructura armada que respalda las intenciones y la guerra de sectores sociales altos, acomodados, políticos y empresariales corruptos y criminales, frente al “riesgo” que representan los planes de vida de las comunidades en los territorios donde los recursos naturales, entre ellos, oro y agua, abundan y son objeto de una desigual disputa.
Es palpable la afinidad con la política de contrainsurgencia generalizada de parte de sectores políticos de derecha y ultraderecha, así como de sectores de partidos tradicionales y sectores sociales conservadores, que dinamizan y financian desde ejercicios criminales y corruptos el accionar de bandas criminales locales, regionales, departamentales, nacionales e internacionales, urbanas y rurales, asociadas a clanes, oficinas, bandas criminales de micro y macro tráfico, así como grupos delincuenciales organizados. Este gremio criminal, se potencializa gracias a la complicidad, silencio, omisión, participación directa e indirecta de algunas autoridades administrativas, fuerza pública, judiciales, de control, administrativas de orden local, departamental, regional y algunas de carácter nacional.
El panorama puede parecer desolador, pero la Caravana también evidenció las resistencias, dignidad y propuestas que vienen planteado las organizaciones comunitarias y sociales desde las regiones visitadas. En esa dirección, recogiendo la voz de miles de personas desde los territorios, las organizaciones impulsoras de la Caravana le proponemos a las y los Honorables Senadores y Representantes a la Cámara, al gobierno nacional y al movimiento social colombiano e internacional:
• Abrir un debate nacional sobre la vigencia de la doctrina contrainsurgente, sus impactos sobre la vida y los DDHH, en la búsqueda de vías para su desmonte y transformación en una doctrina soberana que ponga el centro en la preservación de la vida. Para ello es necesario consolidar una amplia alianza entre personalidades, comunidades, organizaciones, sectores políticos y académicos, e instituciones que estén comprometidas con la lucha por el cambio de dicha doctrina.
• Trabajar conjuntamente para que el gobierno nacional avance de manera concreta en, por lo menos: el reconocimiento de la crisis humanitaria generada por las diversas formas de actuar del paramilitarismo; la desestructuracion del componente económico persiguiendo todas las formas y los actores que financian dicha estrategia; los cambios respectivos en las instituciones gubernamentales incluyendo la remoción y/o destitución de altos y medios mandos de la fuerza pública involucrados con dicha estrategia en los territorios recorridos así como el cambio de sus manuales operativos y de concepción que sustentan dicho accionar; la desclasificación de archivos de inteligencia de los últimos 30 años para saber la verdad de lo ocurrido; el acatamiento de la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (2021) y de las recomendaciones y sentencias de las últimas décadas proferidas por organismos internacionales de Derechos Humanos contra el Estado colombiano.
• Trabajar conjuntamente por el fortalecimiento de los mecanismos de autoprotección de las comunidades y los territorios recorridos por la Caravana. Esto incluye, entre otras cosas, el reconocimiento político y jurídico de las guardias interétnicas, campesinas y populares y demás instrumentos de defensa de los Derechos Humanos en territorio; la protección inmediata de liderazgos amenazados, el fortalecimiento de los medios e infraestructura de comunicaciones; y la construcción y puesta en funcionamiento de refugios y territorios humanitarios. Y finalmente proponemos que se construya una dinámica periódica de trabajo y seguimiento a los avances de dichas propuestas para consolidar el camino de acciones en procura de superar la crisis humanitaria evidenciada por la Caravana.
