Hallazgos y conclusiones Caravana Humanitaria por la vida, la paz y la permanencia en el territorio.
Arauca, 4 al 10 de agosto de 2024.
Descargue la presentación del 9 de diciembre de 2024
Tal como lo manifestamos a los integrantes de la Caravana por la Vida, por la Paz y la permanencia en el territorio, continuamos sufriendo las consecuencias del proceso genocida que se ejecuta a través de la estrategia criminal de agresión, por cuanto no han variado los intereses imperialistas y de la burguesía colombiana en nuestro territorio, relacionados principalmente con el saqueo de los bienes de la naturaleza (petróleo, gas, carbón, oro, níquel, sal, entre otros), la privatización de derechos fundamentales como la salud, educación, comunicación, etc., el ser proveedores de materias primas y mano de obra barata, ser una de las fronteras más extensas con la hermana República Bolivariana de Venezuela; en fin, todo cuanto tenga que ver con el objetivo de acumular capital en pocas manos a costa del sufrimiento, la vulneración de derechos y la destrucción del entorno natural.
En ese contexto, hemos avanzado en el diseño y ejecución de un Plan de Vida, de manera organizada y articulada como sectores, con el compromiso de los campesinos, trabajadores sindicalizados o no, los jóvenes y estudiantes, y todas las expresiones pertenecientes al sector popular, con la guía, ejemplo y sabiduría de los hermanos mayores, los pueblos indígenas. Durante el proceso de ejecución de dicho Plan, hemos librado muchas gestas, desarrollado eventos, y creados embriones de poder popular. Ha sido un camino plagado de dificultades, consecuencia de ir en dirección distinta a la que el régimen y el imperio tienen decidido para el país y esta parte de la geografía, en razón a lo cual se ha desatado una estrategia de agresión del Estado, e igualmente se han sufrido los rigores del conflicto social, político y armado. Entonces nos han masacrado, asesinado selectivamente, judicializado, amenazado, desplazado, desaparecido, se ha invadido la vida cotidiana, y los proyectos, programas, gremios y procesos han sido perseguidos y gravemente victimizado.
En este sentido, el departamento de Arauca continuó siendo objeto de dicha estrategia, donde avanzó la ejecución del plan de exterminio contra el Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, principalmente con el accionar de las estructuras criminales que utilizan el nombre de las extintas Farc, frente 10, 45 y 28, en una reconfiguración del paramilitarismo; además, se sigue persiguiendo judicialmente a los liderazgos, lo mismo que la estigmatización, señalamientos y asesinatos.
En lo atinente a la acción de estos grupos paramilitares se ha evidenciado la protección y apoyo por parte del poder instituido, cuestión que es propia de sus características por el origen y creación como parte de la política del régimen, lo que le ha permitido seguir copando territorios principalmente en la sabana de Tame y Puerto Rondón, fortaleciendo el corredor entre esta zona y parte del Casanare en municipios como Sácama y Támara; con acciones de tipo comando en otros municipios como en Arauca capital y Arauquita, causando muertes de líderes sociales, quemas de vehículos, extorsiones, desplazamientos, amenazas, en general, terror en las comunidades.
En el marco de la apuesta del régimen de seguir posicionando la hegemonía dominante se ha desarrollado toda una arremetida mediática para imponer la narrativa que lo que sucede en el departamento es una disputa territorial entre grupos al margen de la ley y allí las actividades, gestas y las mismas apuestas del movimiento social han sido fuertemente satanizadas, pretendiendo vincularlas a uno de esos actores, en ésta han confluido algunos medios de comunicación nacionales, regionales y locales, politiqueros de partidos de derecha y sectores de la institucionalidad; a pesar que el gobierno nacional ha pregonado tener una campaña contra la estigmatización, señalamientos y perfilamientos, en la región no se ha sentido la efectividad de ella, más allá de la socialización de las directivas e insumos de políticas públicas que se han realizado.
El departamento continua siendo uno de los más militarizados del país, teniendo en cuenta su área y su población, no obstante frente a los hechos de violencia y exigencia de protección a sus comunidades, la única respuesta ha sido el aumento del pie de fuerza, lo que no va en dirección de brindar las garantías al ejercicio de la labor social, principalmente porque la doctrina que los guía sigue siendo la de seguridad nacional que tiene al pueblo, sobre todo al que se organiza para la transformación de la sociedad, como enemigo interno.
La criminalidad urbana ligada a actividades de tráfico y contrabando se siguió viendo principalmente en el municipio de Arauca capital, como expresión de la utilización de bandas como el mentado Tren de Aragua por parte de las estructuras paramilitares y sectores de la fuerza pública, quienes se lucran con la venta y transporte de estupefacientes, pero también de otros productos que circulan ilegalmente por el territorio, y que han sido autores de hechos como extorsión, vendettas, amenazas y asesinatos.
El Ejército de Liberación Nacional que ha hecho una fuerte presencia histórica en este territorio, en su enfrentamiento con el Estado, ha mantenido su accionar militar, victimizando en varias ocasiones a la población civil.
Toda esta situación ha conllevado a la agudización de la emergencia humanitaria que le ha costado al departamento y sus pobladores durante los últimos tres años, por lo menos 572 personas asesinadas, de ellas 32 líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos, 4 líderes políticos y 6 firmantes del acuerdo de paz; entre 2023 y 2024, se reportaron y documentaron 165 casos de retenciones de personas, 22 fueron mujeres y 143 hombres, de ellos nueve (9) menores de edad, y seis (6) militares; en 82 casos entre los que se cuentan siete (7) NNA y 16 mujeres, se confirmó que volvieron con sus familias, algunos de ellos fueron entregados a través de comisiones humanitarias; 28 fueron reportados como asesinados confirmándose su identidad. Los demás casos, es decir 55, entre ellos dos (2) menores de edad, no se tiene conocimiento de cómo terminaron por dificultades de comunicación con sus familiares para hacer el seguimiento. De los 32 líderes sociales asesinados, 18 eran miembros de organizaciones sociales que hacen parte del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia.
Producto de los combates, se han producido desplazamientos, principalmente inter veredales, de unos municipios a otros y algunos casos del departamento, la mayoría preventivos temporales, ya que las familias regresan posterior al cese de estas confrontaciones; también se han dado confinamientos por imposiciones de circulares a determinados horarios o prohibición de salidas reiteradas en ciertas veredas; igualmente, auto confinamientos cuando por el temor a quedar en medio del fuego cruzado o ser víctima de artefactos explosivos, son las propias comunidades las que han preferido no movilizarse por determinado tiempo. En otros hechos, los actores armados directamente han exigido a las personas dejar sus sitios de residencia, generando desplazamiento forzado.
Los menores de edad siguen siendo utilizados y vinculados al conflicto armado en el departamento, algunos de ellos han sido engañados mediante promesas económicas tanto de paramilitares de las Disidencias FARC EMC como de la fuerza pública, para llevar a cabo actos terroristas contra el movimiento social. A pesar de existir una sentencia de la Corte Constitucional, algunas autoridades civiles y militares continuaron realizando acciones cívico militares con presencia de niños, niñas y adolescentes, poniendo el alto riesgo sus vidas e integridad.
Esta situación es de conocimiento público y de las instituciones del Estado, y ha sido mencionada reiterativamente en los espacios de interlocución con el gobierno.
De la misma manera, los acuerdos pactados entre el Estado, las corporaciones transnacionales y las comunidades organizadas y movilizadas, vienen siendo históricamente incumplidas, por ello, nos encontramos nuevamente en la protesta y movilización social, reiterando la exigencia de parar el genocidio, desmantelar el paramilitarismo y de brindar garantías para la labor de los líderes, lideresas sociales y defensores de derechos humanos, así como, el cumplimiento de los acuerdos.
A modo de conclusión y exigencia
La estigmatización contra el movimiento social sigue siendo un factor de grave riesgo para la vida, integridad y libertad de líderes, lideresas y defensores de DDHH. Se exige al gobierno nacional rutas y garantías para terminar con esta práctica genocida.
La intervención de las multinacionales, transnacionales, sectores económicos mediante megaproyectos de explotación de bienes de la naturaleza en los territorios coloca en gravísimo riesgo la vida, la permanencia y pervivencia de los pueblos. Es urgente que el gobierno intervenga prontamente para garantizar la permanencia en el territorio, soberanía alimentaria, autogestión y la autodeterminación de los pueblos.
En necesario el reconocimiento, fortalecimiento y garantías a las guardias interétnicas, campesinas y populares para que continúen con su rol de protección y garantía de los planes de vida del movimiento social y las comunidades. Así como, garantías para el fortalecimiento de los Tecam como forma autónoma de ordenamiento territorial.
Establecer mecanismos de control para la no vinculación de los menores de edad al conflicto bélico en el territorio, garantizándose entre otros, el cumplimiento por parte de la institucionalidad en cabeza de la fuerza pública, alcaldes y organismos de control, referente a pronunciamientos de la Corte Constitucional mediante la sentencia T-005 del 2024.
Los efectos de la ley 1908 de 2018, más que combatir la criminalidad se ha convertido en una herramienta para limitar la libre movilidad, la libertad física y de expresión, vulnerando el debido proceso (Articulo 29 Constitución Política), así como una matriz de prejuzgamiento a líderes sociales, defensores de DD.HH.
La impunidad estructural ha sido una constante en los casos denunciados por la grave violación a los DDHH y las infracciones a las normas y principios del DIH, se exige investigaciones veraces, serias y oportunas por parte de las autoridades competentes, que develen este entramado de agresión y garantice la verdad, justicia, reparación integral, y sobre todo garantía de no repetición.
Se exigen garantías para la vida y la permanencia de las comunidades en el territorio, así como del desarrollo de la labor social, partiendo por la restructuración de la doctrina de seguridad nacional, el desmonte del paramilitarismo, y el cumplimiento de lo pactado con anterioridad como resultado de la movilización social.
Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la vida y la permanencia en el territorio, y con seguir llevando el legado de dignidad de nuestros compañeros y compañeras asesinados y encarcelados
